D8 BAJÍO

Pena máxima a quien mate a agentes de seguridad pública

El Congreso de Guanajuato aprueba una reforma del Código Penal para que los asesinos de policías, jueces o sus familiares sean sentenciados a condenas de 30 a 60 años de prisión

El Congreso de Guanajuato aprobó hoy una reforma al Código Penal para que quien mate a un policía o cualquier servidor público dedicado a la investigación de la delincuencia sea castigado con una pena de 30 a 60 años de cárcel. Se dictará la misma sentencia para quien asesine a su cónyuge o parientes hasta en cuarto grado

Se dictará la misma condena para quien asesine a cónyuges o parientes de hasta cuarto grado

Así queda el Artículo 141-A: “Al responsable de homicidio en contra de servidores públicos por motivo de sus funciones de seguridad pública, de procuración e investigación de delitos en materia penal, o de ejecución de penas de su cónyuge o sus parientes en línea recta o colateral de hasta cuarto grado, tendrá una pena de 30 a 60 años de prisión y multa”.

La Diputada del V Distrito, Libia Dennise García Muñoz Ledo, aseguró que lo que se busca con esta reforma es que quienes asesinen a un servidor público en materia de seguridad y administración de justicia se les aplique la pena máxima que puede imponer el Estado: hasta 60 años de prisión, con un mínimo de 30 años. Con ello, también se protegerá a sus cónyuges y familias hasta el cuarto grado de los servidores públicos.

“No toleraremos a quienes usan la violencia para sostener redes delictivas”, aseguró la diputada Libia Denisse García Muñoz Ledo.

“Con la aprobación por unanimidad de la propuesta para incrementar las penas contra quienes atenten contra la vida de policías estatales o municipales, ministeriales y jueces penales, el Congreso local envía un mensaje claro y contundente de que como sociedad no toleraremos a quienes usan la violencia como instrumento para sostener redes delictivas y que respaldamos a los hombres y mujeres encargados de la seguridad pública y la administración pública”, enfatizó.

Ante el creciente número de asesinatos de policías e integrantes de las fuerzas de seguridad pública es no solo una tragedia para sus familias, amigos y compañeros, sino para todo el Estado.

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