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Fabricantes de armas ‘disparan’ contra México

Las principales empresas del sector de Estados Unidos se agrupan y piden a un tribunal de Massachusetts que desestime la demanda presentada por el gobierno mexicano

Las empresas fabricantes de armas de Estados Unidos han solicitado este lunes a un tribunal federal del estado de Massachusetts que desestime la demanda presentada por el Gobierno de México por el comercio «negligente» que estas entidades habrían cometido en territorio mexicano contribuyendo al «tráfico ilegal» y la «violencia».

Un grupo de fabricantes de armamento ha presentado un memorando conjunto en apoyo de la moción de los acusados de desestimar el caso en el mencionado tribunal bajo el argumento de que México «busca salir de sus fronteras y castigar las ventas de armas de fuego que no solo son legales sino que están protegidas constitucionalmente».

Así, las empresas han advertido de que el caso «amenaza las libertades constitucionales de Estados Unidos», informa la agencia de noticias estadounidense Bloomberg. Entre los fabricantes que han secundado esta petición se encuentran Smith & Wesson Brands, Barrett Firearms Manufacturing Beretta, Century International Arms, Colt’s Manufacturing Company, Glock, Sturm, Ruger & Co, Witmer Public Safety Group y D/B/A Interstate Arms, todos ellos acusados.

«México no alega que cualquiera de sus daños sea razonablemente atribuible a cualquier acusado nombrado«, ha defendido el grupo de fabricantes, para señalar que los actos criminales de los cárteles mexicanos se realizaron de «forma independiente» a las empresas acusadas que «en su mayoría no fabricaron ni vendieron».

Claves de la demanda

El titular de Exteriores de México, Marcelo Ebrard, anunció en agosto la demanda, presentada ante una corte federal en Boston, en Massachusetts, contra once empresas estadounidenses de producción y distribución de armamento a las que se acusa de «prácticas comerciales, negligentes e ilícitas», que facilitan el tráfico ilegal de armas a México.

Por ello, la demanda busca que estas empresas compensen al Estado por «sus prácticas negligentes» con una cantidad que será fijada en el juicio. Asimismo, el Gobierno solicita a estas empresas que implementen «mecanismos de seguridad» para evitar que esas armas lleguen a manos de la delincuencia, que financien campañas y estudios para concienciar sobre los males del tráfico ilegal y, en definitiva, que cesen sus «prácticas negligentes que tanto daño generan en México».

En esta línea, México viene reclamado desde hace tiempo que el contrabando de armas desde Estado Unidos debe ser abordado junto con la lucha contra el narcotráfico, ya que las autoridades mexicanas afirman que el 70 por ciento de las armas que confisca son de procedencia estadounidense.

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