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Acusan al Gobierno de Peña de espiar a la mujer de Javier Valdez

Griselda Triana denuncia que su celular también fue infectado con el 'malware Pegasus', un programa que una vez instalado en el teléfono permite el acceso a todos los archivos

El ‘Caso Pegasus’ vuelve a dar que hablar. La presunta trama de espionajes creada por altos funcionarios del Gobierno de Peña Nieto, para la que utilizaban el malware Pegasus, también controló los movimientos de Griselda Triana, esposa del periodista asesinado Javier Valdez.

Diez días después de que unos sicarios asesinaran a su marido el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, capital de Sinaloa, Triana recibió unos mensajes a los que no dio importancia. Estaban enlazados a un malware llamado Pegasus. Un programa que convierte el celular infectado en su disfraz. Instalado en el teléfono, tiene acceso a todos los archivos y aplicaciones, según informa el diario El País.

Javier Valdez, periodista asesinado el 15 de mayo de 2017. 

«¿Qué razones había para espiarme? ¿Pensaban que yo tenía información sobre el crimen de Javier? No creo, pues su crimen sigue impune, pese a los avances. No tengo nada que esconder»

Hay que recordar que desde 2017, la Fiscalía General de la República investiga la trama Pegasus, fecha en que se denunciaron los primeros intentos de espionaje. A la fecha se sabe que al menos 25 personas recibieron mensajes parecidos al de Triana, entre periodistas y activistas. Dos de los 25 son Ismael Bojórquez y Andrés Villarreal, compañeros de Valdez en la revista Río Doce.

Pegasus es un software que una empresa israelí, NSO Group, vende a Gobiernos con el objetivo de apoyar la lucha antiterrorista. O esa es la versión que mantiene la empresa. Griselda Triana se preguntaba por el peligro que ella le supone al estado. «¿Qué razones había para espiarme? ¿Pensaban que yo tenía información sobre el crimen de Javier? No creo, pues su crimen sigue impune, pese a los avances. No tengo nada que esconder».

Hasta el momento, el único comprador conocido de Pegasus en el Gobierno es la propia fiscalía. Es decir, que serían funcionarios de la institución los responsables de haber puesto en marcha el malware y de elegir los objetivos.

 

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